5 temas que han marcado la presidencia de Peña Nieto

Este 1º de diciembre se cumplen 5 años de la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno de México, en los cuales responder a problemas críticos ha sido la constante.

Educación, seguridad y derechos humanos, economía, política exterior y corrupción han sido los temas que más han marcado los cuatro años y nueve meses que van del sexenio.

A 15 meses de que termine esta administración, te presentamos un recuento de sus momentos críticos más emblemáticos.

EDUCACIÓN

La reforma educativa, “sin duda, el cambio estructural más importante que se ha tenido en décadas” —en palabras del propio presidente—, fue el tema estrella con el que Peña arrancó su sexenio.

Esta política ha pasado por lapsos problemáticos —que trascendieron lo educativo y tuvieron repercusiones en los ámbitos social y de seguridad—, y ahora busca entrar en un periodo virtuoso.

Las modificaciones necesarias para poner en marcha esta reforma se gestaron desde antes de que el priista tomara posesión del cargo, a través de las negociaciones con los principales partidos de la oposición en el Pacto por México.

El planteamiento era elevar la calidad de la educación en México a través de la evaluación a los maestros. La iniciativa recibió respaldo prácticamente unánime —excepto el de algunos sectores de la izquierda y de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, al oponerse a que los maestros perdieran beneficios—. La aprobación a los cambios constitucionales ocurrió a unos días de la mudanza a Los Pinos.

Las dificultades vinieron con las leyes secundarias, aprobadas al año siguiente, donde se detallaron los métodos de evaluación docente, que algunos sectores del magisterio interpretaron que ponían en riesgo sus derechos laborales, e incluso su trabajo.

Tras el arresto de Gordillo, acusada de desviar recursos del sindicato, el gobierno desactivó la oposición del SNTE, pero los maestros del ala de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon carreteras, edificios oficiales, instalaciones estratégicas como aeropuertos y el Congreso federal.

El punto más tenso se dio en el desalojo de un bloqueo en Noxchitlán, Oaxaca, en junio de 2016, el cual dejó ocho personas muertas tras un enfrentamiento con elementos de la Policía Federal.

 

SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS

El sexenio también ha sido de altibajos en materia de seguridad pública y sus consecuencias en derechos humanos. Aunque ha habido triunfos como la captura y extradición a EU del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, la promesa de abatir los niveles de violencia no ha sido cumplida, y en este periodo se han desatado escándalos de abusos como el citado caso de Nochixtlán.

De hecho, este 2017 ha sido el más violento en los últimos 20 años (siendo que mucho del voto duro del PRI estaba basado en su capacidad para frenar el narcotráfico). Tan sólo en mayo se registraron 2 mil 186 asesinatos, la cifra mensual más alta desde que se comenzó con este tipo de registros por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP.

El registro de mayo pasado, una media de 70,5 por día, elevó a 9.916 el total de asesinatos en los primeros cinco meses del 2017, según el informe 1997-2017 de incidencia delictiva.

El Estado de México tuvo el mayor número de casos con 225 asesinatos en mayo pasado, seguido por Guerrero con 216 registros y Baja California, con 197, indicó el SESNSP en su reporte.

Desde los primeros años del sexenio, la administración de Peña Nieto consiguió quitar los reflectores del tema de la violencia, que predominó en el periodo de su antecesor, Felipe Calderón, y cambió la narrativa del país de este tema al de las reformas. Sin embargo, el problema actualmente está altamente posicionado debido a las crisis de inseguridad en algunas localidades y a una serie de casos de violaciones a derechos humanos que incluso atrajeron la atención de organismos internacionales.

ECONOMÍA

Aunque Peña Nieto ha presumido que el suyo ha sido el sexenio del empleo con la creación de más de 2 millones de empleos formales —en referencia a la promesa de campaña de Calderón—, su administración se enmarca en diversos problemas de finanzas públicas —cuyo déficit fiscal alcanzó su mayor nivel en 30 años— y bajo crecimiento que en el mejor de los casos superará 2% este año.

Uno de los más destacados ha sido el del llamado ‘gasolinazo’, un incremento de 20% en el precio de los combustibles que causó protestas sociales que derivaron incluso en saqueos a negocios. La crisis causó que el presidente emitiera un mensaje en cadena nacional en el que justificó su decisión a favor de las finanzas públicas del país y dijo a la población “¿qué hubieran hecho ustedes?”, y que lanzara un Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Por lo pronto, la inflación se encuentra en su mayor nivel en ocho años.

La que levantó aplausos a nivel internacional fue la reforma energética, que rompió el monopolio estatal encabezado por Pemex celebrando rondas de subasta de campos petroleros para empresas privadas cuyas inversiones se estiman en más de 78 mil millones de dólares para los próximos años y licitaciones para producción de energía eléctrica.

No ha sido la única reforma alabada por los sectores económicos. Aún con problemas, otros cambios estructurales exitosos han sido la de telecomunicaciones, la financiera o la de competencia económica.

Otra decisión impopular fue la reforma fiscal, que en 2013 provocó inconformidad en el sector empresarial, que consideró que el esquema de impuestos inhibía el crecimiento al gravar los llamados alimentos “chatarra” y disminuir las deducibilidades.

Entre los proyectos que están en etapa de arranque están las Zonas Económicas Especiales en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; el Corredor del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y Puerto Chiapas, donde se pretende crear polos de desarrollo a través de facilidades fiscales y promoción de inversiones.

POLÍTICA EXTERIOR

Esta cartera levantó expectativas favorables después de que se limaron asperezas con Cuba y Francia, tras los diferendos en el sexenio de Calderón… Hasta que llegó Donald Trump.

El triunfo del magnate como presidente de Estados Unidos conmocionó a México, sobre todo a partir de la invitación de Peña Nieto para que —aún como candidato— lo visitara. El encuentro despertó indignación en la sociedad —ante las expresiones antimexicanas del republicano— y causó la renuncia del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien había organizado la reunión que se celebró en agosto de 2016 en Los Pinos.

Medio año después, Videgaray regresó al gabinete como canciller, gracias a los contactos que tiene en el primer círculo de Trump.

Pese a estos acercamientos iniciales, la administración de Peña Nieto encara problemas con el país vecino principalmente por la intención de Trump de renegociar o de plano cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte —pilar de algunos sectores de la economía mexicana— y de construir un muro en la frontera común, gesto considerado como “hostil”.

La gestión de Videgaray en Relaciones Exteriores abrió otro frente con Venezuela, donde ante la crisis social, el canciller ha demandado al gobierno del presidente Nicolás Maduro dar marcha atrás a sus iniciativas y dialogar con la oposición. Esta postura de parte de México ha sido tachada de intervencionista, tanto en el país por el líder opositor Andrés Manuel López Obrador, como en el exterior por la administración de Maduro, que señala que Videgaray responde a dictados de EU.

Otra lectura sobre el activismo mexicano en Venezuela tiene que ver con la campaña de Peña Nieto contra el populismo, estilo de hacer política con el que se vincula tanto a Maduro como a López Obrador.

CORRUPCIÓN

Políticos cercanos al presidente, y Peña Nieto mismo, han enfrentado escándalos derivados de acusaciones de corrupción, por los que él mismo pidió perdón a la sociedad mexicana.

Un caso fue el de la llamada ‘Casa Blanca’, en el que un equipo de periodistas encabezado por Carmen Aristegui expuso en noviembre de 2014 que la familia de Peña Nieto era propietaria de un inmueble adquirido con condiciones preferentes a Higa, un contratista del gobierno federal y del Estado de México.

En plena controversia sobre esta propiedad, The Wall Street Journal reveló un mes después que el secretario Videgaray también había comprado una casa a Higa, en Malinalco, Estado de México, que después se supo igualmente se realizó con mejores condiciones que las del mercado.

El gobierno federal ordenó una investigación —que fue conducida por funcionarios de la propia administración— para determinar si hubo o no conflictos de interés en estas operaciones. Aunque la indagatoria del entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, dictaminó que las adquisiciones habían sido legales, el presidente ofreció “profundas disculpas por el agravio”, al reconocer que había cometido un error al generar una “percepción” que “lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno”.

El presidente declaró lo anterior en julio de 2016, durante la firma de los decretos de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, los cuales destacó como el inicio de una nueva etapa en la lucha contra este “cáncer social”. Sin embargo, a más de un año del discurso, el impulso no ha sido suficiente para concretar nombramientos clave como el del fiscal y los magistrados anticorrupción, e incluso activistas advierten sobre el riesgo de un retroceso.

Otro funcionario cercano a Peña Nieto a la sombra de acusaciones de corrupción es el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien fue mencionado en el expediente Odebrecht, la empresa brasileña que confesó haber entregado millonarios sobornos a altos funcionarios en una decena de países. El ahora exfuncionario que ha negado haber participado en actos de corrupción está en proceso de defender su inocencia, mientras la oposición critica que el gobierno de Peña Nieto no ha sido suficientemente enérgico en investigarlo.

En este sexenio, además, se ha registrado un número inédito de gobernadores procesados por casos de corrupción, en los que los casos emblemáticos de millonarios desvíos de recursos públicos para enriquecimiento personal en Veracruz, con Javier Duarte; Quintana Roo, con Roberto Borge, y Chihuahua, con César Duarte —a quienes en su campaña presidencial Peña Nieto puso como ejemplos de “la nueva generación” del PRI—, son solamente los más recientes.

Mientras, el exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina aún enfrenta acusaciones de corrupción y el exmandatario de Tabasco Andrés Granier fue recluido desde el inicio del sexenio, en 2013, por prácticas deshonestas de este tipo. De otros partidos, el panista Guillermo Padrés está en prisión, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante su mandato en Sonora.

En cuando a la corrupción por colusión con el crimen organizado, han dado la nota el exgobernador de Michoacán Jesús Reyna y Tomás Yarrington, de Tamaulipas.