México está a punto de vivir las elecciones más complejas de la historia y también las más caras. A decir del Instituto Nacional Electoral, el proceso electoral 2018 costará cerca de 500 millones de pesos; 500 millones de pesos más caras que las de 2012. Esto si sólo nos enfocamos únicamente en los gastos de campaña fiscalizados por el INE.
Este año se renovará la presidencia de la República, 8 gubernaturas, 128 senadurías, 500 diputaciones, 27 congresos locales y 25 estados con sus respectivos ayuntamientos en los que, con miras a ganar, muchos de los actores políticos recibirán inyecciones de recursos financieros de forma ilegal.
Dado lo anterior, la vigilancia en los gastos de campaña representa este 2018, uno de los principales retos para México, para la sociedad civil organizada y para el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que estipula en su artículo 73 que son susceptibles de imputaciones tanto los candidatos como los integrantes de su equipo de campaña.
Conforme avancen las campañas, será interesante ver la manera en que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Comité de Participación Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción (CPCSNA) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), se coordinan bajo el nuevo marco normativo anticorrupción.
Lo que sí será inevitable, es que la procedencia ilícita de recursos públicos y privados incrementará con fines proselitistas para candidatas, candidatos y sus respectivos partidos. Acrecentando con esto el descontento, la desconfianza y el desencanto de las y los mexicanos.