Carlos Salinas de Gortari, el ex Presidente de México hace uso de la pensión vitalicia que le paga el Estado mexicano de manera peculiar. Aunque renunció al monto en efectivo del beneficio, mantiene a su disposición una nómina de once colaboradores. Pilar de la tecnocracia, afanoso en borrar sus culpas de la debacle financiera de diciembre de 1994 y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, sus trabajadores -pagados por el erario mexicano- no son, precisamente, estrategas o asesores.
Entre ellos está un mesero, un supervisor de alimentos, un valet, un mensajero, dos contadores públicos y varios técnicos de mantenimiento de inmuebles. Se trata de un equipo que tiene como nivel de escolaridad promedio el Bachillerato y algunos de sus miembros sólo tienen la Secundaria.
El expresidente cuando brinda conferencias o entrevistas, no desperdicia ni un minuto para insistir en que su personaje ha sido incomprendido y siempre se dice víctima de la fabricación de estereotipos.
A lo largo de la vida de Salinas, quien vivió en un autoexilio en varios países, este personal ha cuidado sus alimentos o sus traslados, sus bienes, su mensajería y hasta su seguridad, según la respuesta que dio la Presidencia de la República a SinEmbargo, las declaraciones patrimoniales de cada uno de estos servidores públicos, así como los datos abiertos en el Portal de Obligaciones y Transparencia.
Lo anterior es posible porque el acuerdo presidencial de 1987 en el que se basan las pensiones y otros beneficios para los ex Presidentes de México no estipula ningún criterio de perfil de puesto en el personal asignado. La forma en que llegan a esas posiciones no es un dato público. De modo que no se sabe si las plazas son concursadas o fueron llenadas con la decisión del ex Mandatario.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la Cuenta Pública 2009, recomendó a la Presidencia de la República que impusiera el cumplimiento de ciertos requisitos profesionales para ese personal. Ha pasado casi una década desde entonces y ello no cambió.
Este año, la oficina de Salinas de Gortari le costará a los mexicanos tres millones 284 mil 102 pesos con 76 centavos. Este dinero gastado en apoyar al ex Primer Mandatario equivale a lo que invirtió la Procuraduría General de la República en 2017 en la contratación de servicios profesionales de apoyo a las diligencias y trabajos administrativos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Con información de Sin Embargo