Han pasado dos décadas de la masacre de Acteal, la crisis humanitaria en la región de Los Altos, en Chiapas, sigue tan vigente como entonces. Violencia, paramilitares, desplazados, impunidad. Son las palabras que se siguen resonando dolorosamente en aquella olvidada región de México.
Fue el 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia cristiana pentecostal cuando fueron masacrados por grupos paramilitares. Entre los asesinados estaban cuatro mujeres embarazadas.
Una masacre que, de acuerdo con testimonios de sobrevivientes y expertos en el tema, fue parte de una estrategia de «contrainsurgencia» implementada por el gobierno mexicano para frenar el levantamiento indígena ocurrido en Chiapas el 1 de enero de 1994.
Dos décadas después, el crimen permanece impune luego de que los autores materiales fueron liberados paulatinamente desde 2009, bajo el argumento de que hubo fallas en el proceso judicial en su contra. Esto, además de que otros actores involucrados como el expresidente Ernesto Zedillo, quien recibió inmunidad diplomática por parte del gobierno de Estados Unidos luego de que 10 presuntas víctimas de la masacre de Acteal interpusieron un recurso legal ante una corte de Connecticut, Estados Unidos, para demandar al expresidente una compensación de 50 millones de pesos por los hechos.
Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, estuvo ahí para escuchar los testimonios de las víctimas, quienes acusaron que «la verdad que el Estado mexicano intentó negar y continúa ocultando, las graves violaciones a derechos humanos como estrategia contrainsurgente en la región de Los Altos de Chiapas».
De acuerdo con un informe de tres organizaciones civiles en la región de conflicto (Salud y Desarrollo Comunitario A.C. y Casa de La Mujer, Ixim Antsetic A.C.), el conflicto ha dejado al menos 11 muertos y una serie de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y trastornos de ansiedad provocados por la situación de violencia.
Entre los casos más impactantes, se encuentra el de Raymundo Pérez Girón, de 18 años de edad oriundo de Chen Mut, quien se suicidó consumiendo herbicida por la tristeza que le causó el desplazamiento de su comunidad.