Según el artículo 4º Constitucional, se establece que le corresponde al Estado garantizar condiciones de seguridad alimentaria para toda la población, lo cual no sucede realmente.
La alimentación sana debería ser un derecho constitucional para todos los mexicanos.
Lo anterior significa que el derecho a la alimentación tiene una relación directa con el derecho a la seguridad alimentaria, y que ambos se encuentran en la base del cumplimiento de otros derechos, pues su relación con ellos es de mutua dependencia.
La medición multidimensional de la pobreza dada a conocer hace tres semanas por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestra que entre 2010 y 2014 no ha habido cambios significativos en el porcentaje de personas vulnerables por carencia de acceso a la alimentación.
Con información de: Excelsior