Sin duda esta administración se ha caracterizado por los temas de corrupción la cual ha sido uno de los sellos de la administración. La última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, divulgada el 25 de mayo de 2016, reveló que el 52.4 por ciento de los ciudadanos percibía que la corrupción era muy frecuente en el gobierno, en comparación al 42.9 por ciento que lo había expresado dos años antes.
Éste es un ejercicio que el gubernamental Instituto Nacional de Estadística realiza cada dos años para evaluar el desempeño del gobierno.
El presidente no las tiene todas consigo, el 72 por ciento de los ciudadanos lo ve como una figura corrupta, según un ejercicio independiente de 2016 llamado Corruptómetro.
CASA BLANCA
El caso que marcó la administración de Peña Nieto, fue el llamado “Casa Blanca”, cuando en noviembre de 2014 una investigación periodística reveló que la primera dama, Angélica Rivera Hurtado había comprado una casa de USD 7 millones en una exclusiva zona residencial de la capital mexicana.
La casa fue comprada al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de grupo Higa, un contratista del gobierno cercano a Peña Nieto desde hacía muchos años.
EL TURNO DEL CANCILLER
Apenas un mes después, el diario estadounidense The Wall Street Journal descubrió en el registro de la propiedad que el entonces Ministro de Finanzas y ahora Canciller, Luis Videgaray Caso, también había comprado una casa a Hinojosa Cantú.
La casa de 850m2 se ubica en el exclusivo Club de Golf de Malinalco, en el Estado de México, y actualmente tendría un valor superior a los 500 mil dólares Videgaray justificó que la compra se había realizado en octubre de 2012, semanas antes de que el presidente Peña Nieto tomara protesta –el 1 de diciembre de 2012- por lo que entonces no ejercía ningún cargo público.
Explicó que la compra la había realizado a través de un crédito hipotecario a 18 años, pero lo liquidó unos meses después. Una nueva investigación del WSJ reveló que Hinojosa Cantú no había obtenido ninguna ganancia por la venta de la casa. La vendió al mismo precio que la había comprado.
La Oficina de la Función Pública, que investiga las conductas ilícitas de los funcionarios, abrió investigaciones por el tema Casa Blanca y por el de la casa de descanso del Canciller, pero determinó que no existió ninguna irregularidad.
EL #TESISGATE
En agosto de 2016, el equipo del sitio mexicano Aristeguinoticias.com reveló que el presidente Enrique Peña Nieto había plagiado al menos un tercio de la tesis para obtener el grado universitario.
De los 682 párrafos que contiene la tesis, de 200 páginas, titulada “Presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón”, el 28,9%, es decir, 197 párrafos, fueron plagiados, según la información.
La revelación causó un gran revuelo, incluso se abrieron peticiones en plataformas electrónicas para que se le quitará al presidente su título como abogado. Después de una investigación su alma máter admitió que existían citas textuales y atribuciones que no se habían hecho de manera correcta.
LOS GOBERNADORES RATEROS
Los gobernadores han sido una de las patas cojas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Algunos han contribuido de manera importante a los escándalos de corrupción que han perseguido a toda la administración que ya entra en su última etapa.
Con ocho gobernadores detenidos, dos prófugos y un quebranto al erario que hasta ahora no se puede calcular, los mandatarios estatales no ayudaron a la imagen presidencial.
En su momento, Peña Nieto se refirió al ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, como “la nueva cara” del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) está ahora preso y acusado de uno de los quebrantos a los estados más grandes en la historia a través de un sofisticado esquema de empresas fantasma.
Otro de los hombres del presidente, Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo, está preso en Panamá esperando ser extraditado a México donde lo esperan cargos por daño patrimonial y blanqueo de dinero.
La confianza en los gobernadores era fundamental para mantener la gobernabilidad en el país.
LA #ESTAFAMAESTRA
Una investigación hecha pública el lunes reveló que entre 2013 y 2014 al menos 11 dependencias habrían desviado dinero público a través de 186 empresas a las que se otorgaron contratos irregulares, de estas 128 compañías son fantasma y el fraude llegaría a los USD192 millones.
En el desvío habrían participado once dependencias entre las que se puede mencionar a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), también implicada en el caso Odebrecht, el Ministerio de Desarrollo Social, responsable de los programas de ayuda a los pobres, el Ministerio de Agricultura, el de Educación, entre otros. Ocho universidades públicas habrían cumplido con el papel de intermediarias, lo que les dejó una comisión.
La investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el sitio animalpolitico.com, menciona los nombres del Gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; del ministro de Comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza; al de Economía, Ildefonso Guajardo, quien negocia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
También a los ex directores de Pemex, Juan José Suárez Coppel y Emilio Lozoya Austin, investigado por el caso Odebrecht.
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