El 18 de octubre se publicó una entrevista en Reforma, en la cual, Santiago Nieto, titular de la Fepade, acusó a Emilio Lozoya de presionarlo para que declarara públicamente su inocencia e incluso le ofreciera una disculpa. Esta presión, detalló el diario, se dio a través de una carta.
Nieto investigaba a Lozoya como el intermediario entre Odebrecht y el PRI. La empresa brasileña habría financiado ilegalmente la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Posteriormente, ya con Peña Nieto en Los Pinos, Odebrecht se habría beneficiado por contratos con Pemex, dirigido por Emilio Lozoya.
Días después de la entrevista, el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, destituyó a Nieto como titular de la Fepade, argumentando que este había violado el código de conducta de la dependencia. La opinión pública y la oposición política calificaron el despido como una represalia ante la denuncia de presiones por parte de Santiago Nieto. Además, se dudó respecto a las facultades que tiene Elías Beltrán para realizar la destitución de Nieto.
Tras el despido, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advirtió que «el que no haya titular en las estructuras institucionales, habla de su debilitamiento».
«Parte de lo que tenemos en esta materia es el débil Estado de derecho, en términos de lo débil que hay en algunas instituciones; y por eso el planteamiento es que veamos una solución integral, que la veamos no de corto plazo, sino de largo plazo. Esto quiere decir que no se empiece a trabajar desde hoy y que, como se escuchó aquí, los actores políticos asuman la responsabilidad de lo que les compete», declaró González Pérez.